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La interventora de la Universidad Complutense, Elvira Gutiérrez. Reprocha un encargo que autorizó Begoña Gómez como responsable de la Cátedra de Transformación social competitiva que dirige. La interventora constata que ese pedido de 24 mil euros a un proveedor tecnológico se hizo de forma verbal y se apartó de la ley de contratos del sector público y de la propia normativa presupuestaria de la universidad complutense que prohíbe la contratación verbal de las empresas.
Reconoce que la empresa hizo el trabajo que se le encargó y que la vicerrectora autorizó el pagó íntegro a pesar de la irregularidad de la contratación que constató la interventora al analizar el contrato a posteriori. Ayer el juez Peinado contestó al abogado de Begoña Gómez y señala que investiga más contratos que los adjudicados por la empresa pública Red. Es al socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache está también llamado a declarar este viernes.
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