A estas alturas no es novedad el alza de la luz en Chile, la que fue anunciada para el pasado lunes 1 de julio luego de que se descongelaran las tarifas del suministro eléctrico tras estar desde el año 2019 en los mismos valores.
Eso sí, seguramente más de algún hogar en el territorio pudo notar que las cuentas del mes de junio aumentaron, pese a que aún no llegaba la fecha clave anunciada por el Gobierno.
Es más, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la energía eléctrica subió 7,2% el sexto mes del año, en la previa a un incremento en torno al 20% durante el séptimo mes.
Posibles efectos sobre la electromovilidad
El primer efecto, probablemente el más obvio, es el impacto sobre el “costo total de propiedad” (TCO en inglés) de un vehículo eléctrico, que incluye el costo de adquisición, operación, impuestos y el valor de reventa al final de su vida útil.
El alza del costo por kilómetro recorrido, causado por la subida del precio de la energía, aumenta el costo de operación y por tanto perjudica la evaluación de los proyectos de vehículos eléctricos contra su par de combustión, y prolonga el tiempo necesario para recuperar la mayor inversión de la movilidad eléctrica.
Un segundo efecto es para los inversionistas de infraestructura de carga pública, los cuales se verán obligados a aumentar sus precios, creando así una barrera adicional para la adopción de la electromovilidad por el consumidor.
Por último, estos cambios en la tarifa eléctrica reflejan un clima de mayor incertidumbre en el mercado eléctrico de Chile, lo que naturalmente afecta cualquier evaluación de proyectos: a mayor riesgo se exige un mayor retorno para avanzar.
Por tanto, es muy relevante que logremos como país estabilizar las condiciones para que, al considerar un proyecto de electromovilidad, logremos mejores resultados.
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