Este caso se refiere a las alegadas violaciones a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y trabajo, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de 192 presuntas víctimas, quienes fueron cesadas del Congreso de la República del Perú en el marco del programa de “racionalización de personal”, ejecutado durante la presidencia de Alberto Fujimori.