La inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza
provocada por la pandemia.
La inseguridad alimentaria y la pobreza, ambos problemas persistentes en España, se agudizaron por la pandemia de Covid-19 y su
impacto económico. El gobierno español amplió los programas de apoyo al desempleo existentes e introdujo un programa pionero
de asistencia social al principio de la pandemia. Sin embargo, los problemas de implementación y las debilidades y defectos existentes
en el sistema de seguridad social hicieron que la respuesta estatal se quedara corta, dando como resultado que los derechos de las
personas a la alimentación, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado no fueron satisfechos ni protegidos.
Las “colas del hambre” en las iglesias, las asociaciones de vecinos y los centros comunitarios se convirtieron en una realidad habitual
durante los dos primeros años de la pandemia. Las personas que trabajan en el sector de la hostelería y en la economía informal, las
personas mayores que reciben pensiones, las familias con niños que viven con bajos ingresos y las personas con una situación de
inmigración precaria o irregular se han visto especialmente afectadas. El informe “No podemos vivir así” se basa en entrevistas a
personas en colas del hambre en Madrid y Barcelona, junto con entrevistas a proveedores de ayuda alimentaria y datos oficiales y de
ONG, para documentar cómo las personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas, como la comida, sin ayuda no
gubernamental, y cómo las autoridades no han cumplido con su deber de proteger sus derechos.