El monólogo de Rafa Latorre en el que reflexiona sobre la propuesta de Vicente Guilarte para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la posición de Sánchez al respecto.
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Debe de ser la primera vez que un partido en el gobierno se queda en manos de una gestora. No quieren llamarle gestora. Pues a lo de Sumar llamémosle Perestroika, porque lo que está ocurriendo recuerda precisamente a la descomposición y disgregación de la Unión Soviética. Seguro que se encuentran cómodos con la decisión. Miren, los de Sumar han nombrado a un cuarteto de cuerda para que toque unas sonatas, porque carece de cualquier poder real sobre los partidos que componen la plataforma. Sumar ya no existe, son casi 20 partidos, con sus respectivas direcciones y que no se van a someter más que a sus intereses.
Si la galaxia de partidos que componen Sumar, quieren constituir un nuevo frente común y negociar con una sola voz con el PSOE, tendrán que refundar eso que llaman el espacio. Si ya lo llamaran Izquierda Unida sería de un lirismo conmovedor, por cuanto le daría la razón a Marx en que la historia siempre se repite primero como tragedia y luego como farsa. Aunque Marx en realidad no dijo exactamente eso. Es que es lo que era Izquierda Unida, una coalición de partidos para concurrir juntos a las elecciones.
Hablemos de los poderes del Estado y de cómo Sánchez considera que el Congreso no es uno de los poderes sino el santuario donde reside la soberanía nacional de la que manan todos los poderes del Estado. No es verdad, la soberanía nacional reside en el pueblo español.
La guerra institucional y el pavor de los jueces se acreciente porque al choque previsto por la aplicación de la amnistía se suma la indisimulada voluntad de control de Pedro Sánchez y el caso ejemplar del Fiscal General del Estado.
Vamos por partes, el sufrido presidente del CGPJ Vicente Guilarte ha vuelto a enviar su propuesta para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero la ha enviada acompañada de una serie de precisiones y de una advertencia en tono severo. Le pide a Pedro Sánchez que aclare en qué consisten las reformas judiciales que ha ido anunciando porque la amenaza la resulta aterradora.
El Supremo ha sido siempre el objeto de deseo de Sánchez. El CGPJ es el mcguffin, un señuelo, aquí lo codiciado es el Supremo, igual que antes lo fue el Constitucional con los resultados vistos.
¿Qué ocurrió cuándo se desbloqueó el acuerdo para renovar el Constitucional? Que Sánchez puso allí a un cargo de confianza de la Moncloa y a su exministro de Justicia. El Constitucional no es Poder Judicial, es un órgano político y por eso puede hacer directamente sus nombramientos. Eso es lo que quiere hacer del Supremo, convertirlo en un órgano político y poder hacer directamente los nombramientos. Directamente o a través de una Comisión política.
Esto es todo lo que ha aclarado Sánchez cuando le han preguntado por ello en su comparecencia en los jardines de la Moncloa, tras una reunión con Recep Tayip Erdogan, que es un hombre que sabe muy bien cómo domar a los poderes del Estado.
¿Qué dice Sánchez? Hay quien interpreta de lo dicho que descarta despojar al CGPJ de la potestad de los nombramientos. ¿Y entonces por qué está aterrado Guilarte? Pues miren porque lo que intranquiliza es que un presidente del Gobierno tenga que añadir que vas a respetar la independencia judicial y la Constitución. Bueno, ya decía algo parecido cuando decía que jamás aprobaría una amnistía de los líderes del procés y ya ven.
Porque la declaración más elocuente del respeto que tiene Sánchez de la independencia judicial es la actuación de su Fiscal General del Estado.
Hoy se entiende muy bien por qué Álvaro García Ortiz confesó que él era el responsable directo de la difusión de datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es que hay pruebas y testimonios y él sabía que la Fiscal de Madrid iba a testificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo ha hecho hoy y ha confirmado que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y le dijo que lo tenía que hacer por «imperativo".
O sea, y esto es lo relevante: que ella se opuso a difundir los datos reservados que se contenían en la misma pero que García Ortiz, a través de dos whatsapp, le ordenó que lo hiciera. En el segundo de ellos fue en el que le dijo que lo tenía que hacer por imperativo.
O sea y por decirlo sin rodeos. Hay ya evidencias y testimonios de que Álvaro García Ortiz ha utilizado su cargo para la destrucción política de un adversario del Gobierno. Que encima es una presidenta autonómica. Esta es la declaración más elocuente.