La nueva Ley de Costas ha sido aprobada en el Parlamento y entra en vigor no exenta de críticas. El ministerio de Medio Ambiente sostiene que con ella se consigue una protección mayor ante los de los excesos urbanísticos y permite dar confianza y generar actividad económica. Supone sacar del dominio público unas 10.000 viviendas y concede hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a partir de 2018. Para los ecologistas y la oposición, muchas de las medidas que contempla suponen una vuelta atrás apostando otra vez por el ladrillo, y además reduce las zonas de servidumbre de 100 a 20 metros. ¿Consolida una vieja situación, mejora la protección, o conlleva una amenaza para nuestro litoral?