Acudir al Tribunal Distrital Contencioso Administrativo es la única opción para ganar en el caso que usted señala. La Contraloría, pese a perder todos los casos relacionados con el Art. 26 LOCGE en los Tribunales e incluso en la Corte Constitucional, no acepta que ese vicio de procedimiento sea causal de nulidad de un acto administrativo que se emite a futuro. La Contraloría está acostumbrada a violar su propia ley y no reconoce eso como causa de nulidad de sus actos administrativos, lo que sí lo hace el COA (Art. 105 números 1, 3 y 4 del Código Orgánico Administrativo); ventajosamente los jueces, en estos casos, actúan de forma independiente y declaran la nulidad de glosas y multas administrativas cuando el ente de control se ha excedido en el tiempo que tiene para cumplir cada uno de los procedimientos que la ley señala.

Se cobra a quien pague o tenga la posibilidad de pagar. Cabe señalar que la glosa se extingue cuando el valor total de la misma ha sido cancelado. Si la glosa es de 9000 USD para los tres, y uno paga 3000 USD quien pagó sigue siendo deudor de 6000 USD, y quienes no pagaron nada lo son en 9000 USD. No conocemos de que la Contraloría "de vuelto" o después de emitido un título de crédito se ponga a hacer cuentas de cuanto se está pagando del mismo, lo que sí debería hacer (en teoría).

Se asigna el valor del perjuicio económico en función del número de responsables solidarios y el tiempo que estuvo en funciones cada uno. Ejemplo: si el perjuicio es de 1 000 USD y participaron en el perjuicio 3 servidores (Director Financiero, Contadora y Tesorero) por el mismo tiempo (1 año) entonces cada funcionario sería responsable solidario por el valor de 1 000 USD; pero si hubiera habido 2 Directores Financieros (6 meses cada uno y uno a continuación del otro) el valor de la glosa para cada Director Financiero sería de 500 USD, y el Contador y Tesorera continuarían con el valor de 1 000 USD cada uno.