El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México mantendrá la clausura que hizo a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a más 2 mil 400 hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, concesionadas a la filial SAC-TUN -antes Calica- de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, que sobreexplotó bancos de piedra triturada, arena y grava para trasladarlas a Estados Unidos.
En conferencia de prensa matutina el mandatario exhibió en un video la destrucción que causó la empresa estadounidense durante 35 años a los distintos ecosistemas interconectados que conviven en el Caribe mexicano. La extracción irracional de materiales provocó la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo y alteró la presión del acuífero, amenazando la calidad y pureza del agua subterránea.
Esta actividad permitida por gobiernos anteriores representa riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo. A la fecha no se ha podido cuantificar el material pétreo extraído ni los daños. La remoción afectó a los ríos subterráneos y manglares que sirven como refugio y zona de desove de diversas especies.
Sostuvo que el gobierno federal no permite la devastación del territorio nacional a cambio de inversiones.
“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. (…) Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”, aseveró.
La PROFEPA acudió en mayo de 2022 a verificar las actividades de la empresa y de manera preventiva colocó sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, acción que continúa vigente.
De acuerdo con el video presentado en el Salón de la Tesorería durante la conferencia, Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos, evadió el artículo 27 constitucional sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación.
En 1986 mantenía una asociación con Calizas Industriales del Carmen (Calica), fundada por Grupo ICA, empresa mexicana que vendió en 2001 la totalidad de sus acciones a Vulcan, por lo que se quedó como la dueña absoluta del negocio bajo la figura de una filial con el nombre de SAC-TUN.
La controversia de Vulcan Materials Company tiene origen en ese mismo año, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el gobierno de Quintana Roo entregaron a Calica el primer permiso para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de mil 200 hectáreas, denominado La Rosita.
El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico, es decir, fue un cheque en blanco para extraer material del país.
A fin de expandir las operaciones de su proyecto, en 1996 Calica obtuvo del gobierno de Quintana Roo un nuevo permiso para explotar pieza caliza por encima del manto freático en otros dos predios: El Corchalito y La Adelita, que suman mil 251 hectáreas de superficie.
El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la entonces Semarnap, que encabezaba Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza debajo del manto freático en los mismos predios.
Tras varias visitas de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Calica hizo un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas.
La transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura del área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en el terreno.
El 3 de enero de 2019 la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle perdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Vulcan Materials acusa a los gobiernos de México, de Quintana Roo y de Playa del Carmen de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelo de los predios que tiene en propiedad, lo cual impide continuar la extracción de material pétreo. Por todo ello, la compañía estadounidense reclama una compensación por más de mil 500 millones de dólares.